La auténtica realidad detrás del retraso de la Administración Electrónica en España - MDA Archivos SL

España retrasa dos años la implantación de la administración electrónica. Esta medida implica que hasta 2020 los ciudadanos no podrán acceder a ella

La auténtica realidad detrás del retraso de la Administración Electrónica en España

El Real Decreto-ley 11/2018 de 13 de agosto regula, entre otras cuestiones, el retraso en la implantación de la Administración Electrónica en España hasta 2020. Dado que desde este blog MDIn nos hemos ocupado de este concepto en más de una ocasión, consideramos que no está de más reflexionar sobre lo que supone la nueva realidad.

El título completo de la norma es Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El nuevo texto modifica la disposición final séptima de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que establecía que el 2 de octubre de 2018 tenían que entrar en vigor las previsiones de la citada Ley relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración así como el archivo único electrónico.

¿Por qué se produce el retraso de dos años en la implantación de la Administración Electrónica en España? La motivación jurídica tiene que ver con una sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional, la 55/2018 de 24 de mayo, que consideró que la citada Ley 39/2015 incurría en inconstitucionalidad al regular que sólo, de un modo excepcional, las consejerías quedaban habilitadas para adoptar normas reglamentarias.

En la sentencia 55/2018 se establece que es imprescindible pulir determinados aspectos técnicos y de procedimiento (como las notificaciones, los funcionarios habilitados, el registro de apoderamiento o algunos registros generales) y que los archivos tienen que cumplir una serie de estipulaciones.

Para adecuarse a este propósito resultan indispensables algunas modificaciones para garantizar la interoperabilidad. De ahí el aplazamiento en la implementación de la Administración Electrónica, que puede ser vista como un paso hacia atrás en la implantación de la cultura digital en España.

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